En Coahuila, exhiben contratos de CFE con empresa minera en la que un trabajador salió gravemente lesionado

La Organización de Familiares de Pasta de Conchos y el Centro PRODH, expusieron un nuevo caso de empresas mineras que sin contar con medidas de seguridad efectivas que han costado graves lesiones recientes a un trabajador, y no contar con manifiestos de impacto ambiental, reciben contratos millonarios por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
El caso que planteó la organización, se trata de Juan Muñiz Calvillo, quien se lesionó gravemente en una mina del ejido Obayos del municipio de Escobedo, que se encuentra en la región Centro del Estado. De acuerdo con la organización, después del incidente este trabajador actualmente está en cama sin movimiento en piernas y brazos, así como sin la atención médica adecuada por el IMSS, y sin poder recoger su incapacidad laboral.
En la información, también se da cuenta de que este trabajador está registrado con un salario de 167.23 pesos por parte de su patrón, el Consorcio Minero AG y CIA SA de CV.
«En sobres amarillos, los trabajadores reciben semanalmente entre 3,100 y 4,600 pesos. Pero, en el caso de los carboneros, la empresa retiene el pago de las toneladas que sacan el viernes y al resto de los trabajadores, les retienen 700 pesos para obligarlos a regresar a trabajar el lunes siguiente», expresa la OFPC.
En ese sentido, resaltaron que el complejo minero donde hay un pozo y una cueva que no tiene salidas de emergencia, el trabajador minero fue sacado en una tabla después del siniestro, ya que no cuentan con camillas especiales, además de que tienen que llevar equipo propio, como son los cascos, y a la par trabajan con altos niveles de agua que llega hasta los muslos.
La organización, dio a conocer que aun con las irregularidades, la empresa cuenta con un contrato con la Comisión Federal de Electricidad al orden de CFE-0700-ADAAN-0026-2020 por un monto de 35 mil 373 pesos, y así también informó que dentro del mismo lote minero, opera otra empresa llamada Grupo SACU, que tiene el contrato CFE-0700-ADAAN-0042-2020, por 53 millones 969 mil pesos.
«Con dos empresas, el concesionario y dueño de las empresas Luis Alfonso Rodríguez Garza, obtuvo contratos para suministrarle carbón por un total de 89,280 toneladas que significan $89 millones 343 mil pesos», dijo la Organización.
Recordaron, que en la carta enviada al titular de CFE, Manuel Bartlett, se señaló la voluntad de una reunión para informarle sobre la precariedad de los centros de trabajo del rubro que se ha vivido durante décadas, sin embargo, la única respuesta fue que «no compran Carbón» a la mina de Micarán más recientemente siniestrada.
«Sin embargo, el tema no es quién debe controlar los contratos de carbón, sino las condiciones laborales de los mineros. Cuando lo hizo el Gobierno de Coahuila a través de la PRODEMI, se hacía exactamente lo mismo que ahora que los controla directamente la CFE: las mismas muertes, el mismo sufrimiento de las familias, las mismas respuestas de las autoridades para sostener la misma impunidad», adviertieron.
En ese sentido, agregaron que el tema por el cual denuncian es la vida y la seguridad de los mineros, e insistieron en una serie de puntos urgentes:
«Prohibición legal y total de las llamadas «minitas de arrastre» o cuevas y pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón de este tipo de minería; la revisión de todos los contratos asignados por CFE; la cancelación en las concesiones mineras de todas las áreas ya explotadas; la elaboración de un «Protocolo de Salvamento Minero»», expresaron.
Además de recordar otros 28 desastres mineros que han cobrado víctimas, la organización exigió pronta atención adecuada para Juan Muñiz Calvillo, y se llame a cuentas al empresario por no dar aviso del accidente a las autoridades.