Un caso de violencia familiar se convirtió en asunto público: el exdiputado federal y hasta el lunes director de Asuntos Municipales del gobierno de Coahuila, Aldo N, fue detenido la noche del viernes 4 de octubre, momentos después de haber golpeado a su esposa.
Dos días después, el lunes 7, una denuncia por acoso sexual fue presentada por una estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). La joven, alumna de primer semestre y menor de edad, llevó como evidencia mensajes de WhatsApp en los que el mismo catedrático de la escuela, le había solicitado fotografías a cambio de subir su puntaje en calificaciones.
Hoy, la audiencia inicial por el caso domiciliario resultó en un plazo de investigación de tres meses para los cuales la jueza especial de violencia familiar, Elisa Anaid Salinas López, dictó por medida cautelar la prisión preventiva.
El plazo se cumple el 11 de enero de 2025, por lo que tendría que permanecer en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, pero el próximo martes el acusado tendrá audiencia de revisión a la medida cautelar, pues la defensa pugna por conseguir que enfrente el proceso en libertad.
Durante la audiencia inicial, cuyo contenido fue consultado por el reportero, se expusieron los hechos ocurridos en el domicilio conyugal ubicado en el fraccionamiento Real de Peña, una zona residencial localizada al norte de Saltillo.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, antes de las 11:00 de la noche del viernes 4, su agresor llegó al domicilio en estado de ebriedad, lo que detonó una discusión que se tornó violenta. En diferentes momentos, la esposa del político fue sometida a golpes, tirones de cabello e inmovilizada en el suelo, hasta que pudo huir y, mientras avanzaba por su calle, encontró a un grupo de vecinos a los que pidió auxilio; fueron ellos los que llamaron a la policía.
El asunto se ha convertido en un escándalo local conocido como el “Caso Topo” toda vez que Aldo recibe ese sobrenombre y es ampliamente conocido en el ámbito político y jurídico.
El Tribunal Universitario de la Facultad de Derecho de la UA de C informó que había 42 asuntos relacionados con faltas relacionadas con los derechos sexuales, es decir, por acoso, abuso y agresión sexual. La UAdeC tiene 67 escuelas y la que tiene más denuncias es la Facultad de Jurisprudencia, que concentra el 10% de los expedientes en trámite.
Dicho Tribunal Universitario, el protocolo y los procedimientos con perspectiva de género, fueron el resultado de un movimiento de universitarias detonado en 2019, cuando dos alumnas de la misma Facultad de Jurisprudencia tuvieron la iniciativa de colocar un buzón de denuncias con el propósito de recibir quejas de acoso en la jornada del 8M de aquel año.
La iniciativa salió de control y el buzón se desbordó, pues la Facultad de Jurisprudencia tenía numerosos casos de maestros y alumnos involucrados en acoso y abusos, entre estos, grupos de WhatsApp donde se distribuían imágenes íntimas de alumnas como trofeos de los miembros del grupo.
La protesta de las alumnas pronto contagió a otras escuelas y facultades, por lo que el entonces rector, Salvador Hernández Vélez, organizó una serie de comisiones y foros que resultaron en la desmovilización de las universitarias tras la creación de instancias y protocolos que, en los años siguientes, motivaron la destitución de varios directores y la expulsión de maestros de diferentes escuelas.
A cinco años de distancia, la Facultad de Jurisprudencia vuelve a ser epicentro del escándalo por otro asunto de acoso sexual.
