Torreón, Coah. — El exfiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, fue nombrado titular de la nueva Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Torreón, dependencia creada por la gestión de Miguel Ángel Riquelme Solís que sustituye a la antigua Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.
El anuncio, dado tras una reunión de seguridad por el propio alcalde, señala que la reformulación busca “dotar de tranquilidad legal” a la administración y “blindar las finanzas públicas”. Márquez Guevara, con experiencia en materia penal y dirección pública tras su paso por la Fiscalía General del Estado, informó que ya comenzó el proceso de entrega-recepción y que en las próximas semanas se revisarán expedientes y perfiles del personal para estructurar un organigrama unificado. La consejería centralizará la atención de los expedientes penales, laborales, mercantiles y administrativos, con el objetivo declarado de optimizar la defensa legal del municipio y evitar pérdidas económicas por litigios.
Sin embargo, el nombramiento llega en un contexto de tensión política local. Partidarios y allegados del exalcalde fallecido —quien murió a causa del cáncer— han denunciado lo que califican como una “limpia” del equipo que trabajó con el antecesor. Críticos del actual gobierno municipal afirman que Miguel Ángel Riquelme ha dado inicio a un “borrado del mapa” del personal cercano al exmandatario, y sostienen además que ha habido maniobras para desviar recursos públicos.
Entre las acusaciones que circulan está la presunta cancelación de una obra vial —presentada oficialmente como reasignación de recursos para pavimentación y agua— y el señalamiento de que más de dos millones de pesos mensuales estarían destinándose a pagos a un medio de comunicación del norte de Coahuila. Estas versiones, difundidas por opositores y fuentes anónimas, no han sido corroboradas de manera independiente.
Desde la administración, la creación de la Consejería Jurídica y el nombramiento de Márquez se justifican como medidas para mejorar el control técnico en el seguimiento de litigios y evitar “pérdidas millonarias” por falta de coordinación. El nuevo titular afirmó que se revisarán los estatus de todos los juicios en curso y el personal involucrado para estructurar una defensa jurídica más eficiente.
Las denuncias sobre la supuesta purga de personal y el destino de los recursos plantean cuestionamientos sobre transparencia y legalidad, por lo que analistas locales y actores políticos han pedido claridad y la presentación de documentación que respalde tanto las reasignaciones presupuestales como las decisiones administrativas tomadas por la actual gestión.
Hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que verifiquen de forma independiente las acusaciones sobre desvío de recursos hacia medios ni el alcance del reemplazo de personal. Organismos de fiscalización y actores de la sociedad civil han sido convocados en otras ocasiones a vigilar la correcta aplicación de los recursos municipales; en este marco, especialistas consultados señalan la necesidad de que el Ayuntamiento haga públicos los expedientes, contratos y modificaciones presupuestales que expliquen los cambios recientes.
El nombramiento de Gerardo Márquez y la reestructuración de la estructura jurídica municipal abren un nuevo capítulo en la administración de Torreón, en el que la administración sostiene que la prioridad será proteger el patrimonio público, mientras que críticos advierten sobre el riesgo de concentrar poder administrativo y de que decisiones discrecionales afecten la transparencia y la pluralidad política en la ciudad. El desarrollo de estas acciones y la eventual aclaración de las denuncias determinarán si la reforma cumple con los fines anunciados o si se requieren instancias de fiscalización más exhaustivas.
