«Acabo de firmar la proclamación sobre asilo. Muy importante. La gente puede venir, pero tienen que venir a través de los puertos de entrada (autorizados)», aseguró Trump al ser preguntado por los periodistas antes de partir rumbo a Francia.
En una orden publicada este viernes, Trump prohibió durante al menos 90 días la entrada al país a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, lo que implica la puesta en marcha de una nueva regulación del Gobierno que elimina la elegibilidad para obtener asilo a quienes han incumplido una prohibición presidencial.
El anuncio del Gobierno de EU tiene lugar después de tres semanas de advertencias del presidente Trump a la caravana de centroamericanos que ahora recorre México en su travesía hacia territorio estadounidense.
Bajo la modificación, los migrantes que cruzan de forma irregular la frontera no podrían solicitar asilo en el país y solo podrían hacerlo quienes entren por puntos de acceso autorizados, informaron hoy funcionarios de la Administración.
Según la proclamación presidencial, la limitación estará en vigor durante al menos 90 días, que podrán ser ampliados, o hasta que se firme un acuerdo con México que permita a EU deportar directamente a su vecino del sur a los inmigrantes que cruzan ilegalmente.
La nueva regulación no tendrá efecto retroactivo, por lo que solo se aplicará a quienes accedan de forma irregular a partir de ahora.
Las nuevas restricciones al derecho de solicitud de asilo se basan en la prerrogativa que permitió a Trump emitir en 2017 su veto migratorio a países de mayoría musulmana.
Trump ha asegurado que los inmigrantes que llegaban irregularmente por el límite fronterizo con México pedían asilo para no ser deportados y para quedar en libertad mientras se resolvía su situación.
Generalmente, una vez constatado que el reclamo es legítimo, las autoridades liberan a los solicitantes mientras se gestionan sus casos porque estos no suponen un peligro y por la falta de espacio en los centros de detención, que Trump pretende ampliar.
Sin embargo, grupos de activistas han denunciado que muchos de los demandantes de asilo llegados irregularmente a pie han sido privados de libertad de forma indefinida durante meses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Se espera que, como ocurrió con el veto migratorio de 2017, haya organizaciones que presenten demandas judiciales para retrasar o bloquear los límites impuestos a las solicitudes de refugio, ya que las leyes del país recogen que tiene derecho a presentarla cualquier persona que pisa suelo estadounidense.
