Luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y una organización civil en el Estado emprendieran recursos de inconstitucionalidad contra el decreto emitido por el Gobierno del Estado para las acciones para mitigar la pandemia de COVID19 en el Estado, el Gobernador, Miguel Riquelme defendió la acción y aseguró que todos los puntos fueron revisados por los órganos correspondientes.
El decreto emitido el pasado 28 de abril por el Ejecutivo del Estado, puso sobre la mesa la discusión en el tema de derechos humanos, al notificar que habría detenciones y sanciones contra quienes no cumplieran las medidas de confinamiento y aislamiento social en el Estado, además de plantear restricciones para el libre tránsito por el Estado.
A raíz de la emisión, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, emitió un comunicado donde dio a conocer, que por su parte utilizarían los recursos legales disponibles por las inconstitucionalidades encontradas en el decreto, y posterior a ello, la CDHEC, anunció las mismas acciones.
Sin embargo, Riquelme Solís manifestó que todos los decretos que han sido emitidos en medio de la pandemia, han sido revisados por organismos internacionales antes de su emisión, y aseguró que los impedimentos en la movilidad social fueron exclusivamente para evitar contagios.
“Todos los decretos han sido revisados por todos los organismos internacionales y por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo espero que dentro de esta acción se nos dé la razón, porque además el Gobierno del Estado en una situación crítica tiene la obligación a través de decretos de poder manejar o evitar el mayor número de riesgos para la población, no tiene otro fin y dentro de ello, la parte más importante del decreto es evitar la movilidad”, expresó.
