Los taxistas de Piedras Negras se encuentran ilusionados con una promesa que está a dos años de poder cristalizarse, ya que Jacobo Rodríguez les prometió una aplicación para regular y poder trabajar. Sin embargo, esto será imposible, ya que no hay ninguna aplicación debidamente registrada en el estado de Coahuila que permita a los taxistas operar en la ciudad. Esta situación ha dejado a taxistas y concesionarios sumidos en la incertidumbre, mientras pierden tiempo en propuestas poco fundamentadas presentadas por el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez.
La Ley de Movilidad del estado de Coahuila no contempla el registro o pre-registro de ninguna aplicación que facilite el funcionamiento de taxis en Piedras Negras o en la región. A pesar de esta clara falta de regulación, el alcalde ha hecho declaraciones que sugieren lo contrario, generando confusión y frustración entre los trabajadores del sector.
El proceso para obtener la alta de una aplicación de taxis es extenso y complicado. Puede tardar entre seis y nueve meses en ser aprobado, seguido de un periodo adicional de tres meses para que la aplicación entre en funcionamiento. Sin embargo, estas consideraciones parecen haber sido ignoradas por Rodríguez y sus asesores, quienes, según se informa, han estado realizando reuniones en Monterrey cada fin de semana, alejados de las realidades y necesidades de los taxistas locales.
La falta de una solución viable y la inacción del gobierno municipal han dejado a los taxistas en una situación precaria, sin un marco legal que respalde su operación y sin claridad sobre el futuro del transporte público en la ciudad. La comunidad exige respuestas y acciones concretas que garanticen un servicio de taxi seguro y eficiente, así como un diálogo real y efectivo entre el gobierno y los trabajadores del sector.
La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Coahuila establece un marco normativo para regular los servicios de transporte, incluyendo el uso de aplicaciones móviles para taxis. Entre los puntos clave de esta ley se encuentran:
1. Registro de Aplicaciones: Cualquier aplicación que desee operar en el estado debe ser registrada ante la autoridad competente, cumpliendo con requisitos y estándares que garanticen la seguridad y calidad del servicio.
2. Autorización: Las aplicaciones deben obtener una autorización para operar legalmente, lo que incluye la evaluación de la plataforma y la verificación de antecedentes de los conductores.
3. Condiciones de Operación: Las aplicaciones deben cumplir con normativas específicas que aseguren la protección de los usuarios, incluyendo aspectos como tarifas, seguros y derechos y obligaciones tanto de conductores como de pasajeros.
4. Trámites Administrativos: El proceso para obtener la alta y autorización puede ser extenso, con plazos que van de seis a nueve meses para la aprobación inicial, seguido de un periodo adicional para que la aplicación comience a funcionar.
5. Supervisión y Sanciones: La ley contempla mecanismos de supervisión y sanciones para aplicaciones que operen sin el debido registro o que incumplan las normativas establecidas.
6. Fomento a la Competencia: La legislación busca fomentar la competencia leal entre los diferentes modos de transporte, garantizando que todos los operadores cumplan con las mismas reglas.
