En un contexto marcado por fuertes presiones del gobierno estadounidense sobre temas de seguridad y comercio, México autorizó recientemente la entrega de 26 narcotraficantes condenados a las autoridades de EE. UU. Este movimiento ha sido caracterizado por expertos como una válvula de escape ante tensiones diplomáticas y posibles sanciones económicas.
La decisión se tomó apenas una semana después de que se conociera una orden ejecutiva estadounidense que permitiría a sus fuerzas armadas actuar contra los cárteles en América Latina, lo que añade presión adicional sobre el gobierno mexicano. Las políticas de seguridad, como incautaciones de fentanilo, arrestos de capos y extradiciones, ahora parecen alinearse con intereses norteamericanos, particularmente mientras persisten negociaciones comerciales cruciales.
El panorama suscitó cuestionamientos sobre límites soberanos: analistas como Carlos Pérez Ricart advierten que esta relación bilateral podría interpretarse más como una forma de coacción que de cooperación legítima. En ese sentido, se debate si la entrega de capos será suficiente o, por el contrario, si pronto se exigirá también la entrega de políticos presuntamente vinculados al narcotráfico.
