Ciudad Juárez.- Por un error del Tribunal de Control, el sacerdote Aristeo Trinidad Baca, acusado de haber cometido los delitos de violación y abuso sexual agravados en perjuicio de una menor de edad, continúa recluido en el Cereso 3 de esta ciudad.
El domingo pasado, un tribunal presidido por el juez Félix Aurelio Guerra Salazar autorizó el arraigo domiciliario a Baca y en los oficios signados por ese juzgador se ordenó notificar a la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales la determinación de cambiar la medida cautelar, que era de prisión preventiva.
Sin embargo, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece que es el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) –dependiente del propio Tribunal de Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua al igual que el Tribunal de Control– la autoridad encargada de supervisar todas las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, informó personal de la Fiscalía General del Estado.
Además en los oficios no se especificó qué autoridad iba a recibir al procesado para el traslado ni quién iba a estar a cargo de la vigilancia.
“La nueva ley ya establece que es el ISPJ la autoridad competente para estar al tanto del arraigo domiciliario. Pero en el documento emitido por el Tribunal de Control no se señaló qué autoridad iba a ir por el detenido, nadie ha ido por él”, indicó la fuente de información de la FGE.
Agregó: “Es un error del Tribunal, se debe notificar al Instituto de Servicios Previos y se notificó a la Fiscalía de Ejecución de Penas, aunado a que no se dice a quién se va a entregar ni quién se va hacer cargo de la custodia. Recordemos que el procesado no ha quedado libre, se le vinculó a proceso penal”.
El informante indicó que se trata de un mero problema administrativo lo que ha detenido el cumplimiento de la orden del juez Guerra Salazar y señaló que en cualquier momento podrían girarse los oficios correctos.
La vocera del TSJ, Rosalba Salcido, dijo que el Tribunal de Control emitió una resolución favorable a los abogados defensores del clérigo católico y se cuenta con un domicilio registrado donde se puede llevar a cabo el arraigo y ahora le corresponde a la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales dar cumplimiento.
El incumplimiento a la orden judicial se conoció luego de que la hermana del sacerdote, Elva Albina Ávalos Baca, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) denunciando que su familiar continúa detenido y preso en el Cereso 3.
“No obstante que derivado de la sustitución ordenada, el padre Aristeo Trinidad Baca Baca ya no debe permanecer con la calidad de detenido, las autoridades contra las cuales se interpone la queja, violándole sus derechos humanos, lo mantienen indebidamente bajo esa condición,”, indica la queja signada por Ávalos Baca y de la que El Diario tiene una copia.
La queja fue interpuesta en contra del director del Cereso 3, René López Ortiz y la fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Angélica Balderrama Caro, aduciendo que en contra de Aristeo Baca se cometen los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y desobediencia a un mandato legítimo de autoridad judicial.
El sacerdote fue vinculado a proceso penal el 14 de febrero acusado de haber cometido dos abusos sexuales y una violación contra una menor de edad.
