Debido a que la recién aprobada reforma judicial federal obliga a realizar adecuaciones en las legislaciones locales, podría entrar en vigor hasta 2027, dijo el presidente del Consejo de la Judicatura local, Miguel Mery Ayup.
Explicó que en Coahuila ya trabaja en el análisis de las implicaciones de la reforma y que se contemplan tres escenarios, los primeros dos que consideran que todos los cambios legales se realicen ya sea en 2025 o en 2027.
Mientras que la tercera posibilidad es que una parte de las modificaciones a la legislación coahuilense se implemente el próximo año, es decir, en 2025; y la otra, dos años después, en 2027.
Mery Ayup explicó que la iniciativa local está siendo preparada por los poderes Ejecutivo y Judicial para presentarla al Legislativo. Esto se deriva de la aprobación de la reforma constitucional judicial por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como por más de 17 legislaturas locales.
Además, la reforma sería promulgada el próximo domingo, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mery Ayup destacó que prácticamente obliga a una reestructuración completa del sistema de selección de jueces y magistrados en la entidad.
“Es decir, pasar por la boleta electoral a 110 jueces, 16 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 4 magistrados distritales, 3 del Tribunal Laboral y 3 magistrados del Tribunal Disciplinario”, explicó.
La facultad de organizar la elección de juzgadores recaerá en el Instituto Electoral de Coahuila. Se estima que, en 2025, el costo de esta elección de jueces y magistrados para el país será de 7 mil millones de pesos, añadió.
Insistió en que la reforma judicial deberá implementarse en Coahuila causando el menor daño posible a la fortaleza institucional del Poder Judicial local.
“Porque en los últimos 200 años no se había presentado una reforma similar”, subrayó.
Por ello, Coahuila asumirá la reforma con el menor impacto posible, para que, de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Judicial, se presente al Legislativo una reforma que proteja la carrera judicial, la autonomía y la independencia del Poder Judicial.
“Esto, con el fin de mantener en el Poder Judicial a personas capacitadas, probadas, con experiencia jurídica y madurez, además de cerrar el paso al crimen organizado y a intereses particulares que quieran imponer jueces y magistrados a modo”, concluyó.
