Piedras Negras, Coahuila – La regidora Ericka Vanesa, representante del partido Morena en el Ayuntamiento de Piedras Negras, ha desatado una ola de controversia debido a su pasado delictivo en Estados Unidos, donde purgó condenas por narcotráfico y posesión de armas. De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Justicia del Estado de Texas, la regidora fue detenida en múltiples ocasiones y tiene un historial que la vincula con el Cartel de los Zetas.
Después de cumplir su condena, Ericka Vanesa fue deportada a México, específicamente a Piedras Negras, donde se notificó a las autoridades estatales sobre su situación para que se le investigara. En un contexto donde el Cartel de los Zetas mantenía una activa presencia en la región norte de Coahuila, la elección de la exconvicta como regidora ha generado serias dudas sobre la integridad del actual gobierno municipal, encabezado por Jacobo Rodríguez.
La controversia se intensifica con rumores sobre la posible inversión de recursos ilícitos en la campaña del alcalde Rodríguez. Se especula que la regidora, conocida por su apodo “la señora de las armas y polvos mágicos”, pudo haber influido en el financiamiento de su campaña a través de donativos, lo que ha suscitado inquietudes sobre la procedencia de dichos fondos.
Los regidores de la administración han optado por el silencio, lo que hace suponer que ya tenían conocimiento del antecedente de su compañera, lo que los convierte en cómplices de esta situación. Las preguntas son numerosas: ¿Qué papel ha jugado Ericka Vanesa en la administración actual? ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes criminales haya sido nombrada comisionada para áreas tan sensibles como la atención a la juventud, el deporte y la lucha contra las adicciones? Además, muchos militantes de Morena se sienten excluidos, ya que no han tenido acceso a puestos en la administración, mientras que una exconvicta ocupa un cargo relevante.
Este escenario plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la gestión del Ayuntamiento de Piedras Negras, resaltando la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de selección y nombramiento de funcionarios públicos. La comunidad exige respuestas claras que aclaren el vínculo entre el crimen organizado y la política local, así como la dirección que tomará la administración de Jacobo Rodríguez en este contexto complicado. La creciente presión social y política podría llevar a un escrutinio más profundo sobre los antecedentes de los funcionarios y su impacto en la confianza pública.
