La emisión de actas de defunción de personas desaparecidas de los hechos ocurridos en la región norte de Coahuila, repercuten directamente en las acciones de búsqueda, pues dicho documento indica que los restos fueron localizados y por lo tanto no hay más búsqueda.
Además de generar una responsabilidad para el Estado, por alterar información que lleva a la emisión de un documento oficial, como lo es un certificado de defunción.
Lo anterior fue manifestado por Ariana García Bosque, en relación al caso de «María», quien reveló haberse enterado de la existencia de un acta de defunción de su esposo al momento de iniciar con el trámite para la declaración de ausencia durante el presente 2021.
«Ella interpone una denuncia tres años después de estos eventos, básicamente en 2014 se empiezan estas denuncias, cuando se da la noticia por parte del aquel entonces Procuraduría, del hallazgo de estos fragmentos, todas las familias empiezan a entregar muestras de ADN», dijo la abogada.
Posteriormente, a algunas de las familias se les notificó que había actas de defunción, más no restos y que se les entregó urnas; lo cual, se realizó de manera que fueron revictimizadas.
«Hay versiones, testimonios de otras familias víctimas también, que la autoridad, cuando ellas cuestionaron cuál de las urnas; porque ellas relatan puntualmente que las urnas estaban colocadas en la mesa y cuando ellas preguntaron ¿cuál era la de su familiar? Les respondieron que cualquiera, que la que ellas quisieran tomar», señaló García Bosque.
