La presidenta insiste en que respalda las normas democráticas, pero la libertad individual se está desvaneciendo.
Por Mary Anastasia O’Grady
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma que la iniciativa de “derechos de la audiencia” que anunció el mes pasado está diseñada para proteger al público de las noticias falsas. Sin embargo, al convertir a una agencia gubernamental en árbitro de la verdad, la iniciativa de la presidenta abre la puerta a la censura. Periodistas, escritores, intelectuales y empresarios están alarmados. La lenta asfixia del pluralismo democrático en México por parte de la Sra. Sheinbaum y su partido, Morena, comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), también conocido como AMLO. Él gobernó como un populista clásico, ampliando los padrones de beneficiarios de programas sociales para comprar lealtad en las urnas. Pero, como alguien que se formó políticamente durante los 71 años de dominio del represivo Partido Revolucionario Institucional (PRI), entendía que perpetuar el poder de Morena requería algo más.
Hacia el final de la presidencia de AMLO, Morena había arrebatado el control del anteriormente independiente Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral. Cuando el partido no logró obtener una supermayoría en las elecciones de la Cámara de Diputados de 2024, las autoridades electorales manipularon las reglas de representación proporcional para conseguirlo. Durante su último mes en el cargo, AMLO impulsó en el Congreso una nueva ley que establecía la elección de todos los jueces. El poder judicial mexicano se ha convertido en una farsa. Este autoritarismo gradual —que AMLO denominó la “cuarta transformación” o 4T de México— continúa. La Sra. Sheinbaum insiste en que apoya las normas democráticas. No obstante, bajo su liderazgo, la maquinaria de Morena utiliza sus afilados dientes y garras para despedazar cualquier protección restante de la libertad individual y del Estado de derecho.
En un ensayo publicado el 1 de agosto bajo el título “Hacia un Estado policial” en la revista mensual mexicana Nexos, Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), escriben que las medidas empleadas para desmantelar lentamente la democracia están “interconectadas”. “Vistas en conjunto, revelan un Estado con capacidades extraordinarias para vigilar, imponer sanciones económicas, congelar activos, privar a los individuos de su libertad e interferir en la vida de las personas y las empresas, sin que un poder judicial —captado por vías electorales— actúe como defensor de los derechos vulnerados”.
Aun así, Morena todavía no cuenta con poder absoluto y se enfrenta a elecciones intermedias el próximo mes de junio. La mayoría de los mexicanos vota pensando en su bolsillo y, a pesar de la imprudencia de Morena al aumentar la deuda y el déficit, el peso se ha mantenido fuerte. Sin embargo, el crimen organizado y sus presuntos vínculos con políticos de Morena son puntos sensibles. La corrupción podría convertirse en un tema candente de la campaña, y controlar la narrativa en los medios audiovisuales —donde la mayoría de los mexicanos se informa— será crucial para el partido.
La señora Sheinbaum intenta adelantarse a este problema silenciando a las voces críticas. El terreno se preparó el año pasado con la disolución del organismo autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dicho ente regulador independiente fue sustituido por una agencia del gobierno federal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual, por iniciativa de la señora Sheinbaum, evaluará la veracidad de las informaciones difundidas por los medios. Será este organismo el que decida si lo dicho en los noticieros nocturnos es algo que el público no debería haber escuchado.
La presidenta insiste en que respalda las normas democráticas, pero la libertad individual se está desvaneciendo. La Sra. Sheinbaum afirma que aún se están discutiendo las multas que se aplicarán por tales infracciones verbales. Los medios de comunicación podrían optar por la autocensura para evitar sanciones financieramente devastadoras. No cabe duda del poder que tendrá el Estado para supervisar la radio y la televisión.
La indignación de los demócratas mexicanos que valoran la libertad de expresión ha sido extraordinaria. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión de México advirtió que las directrices son “ambiguas” y que “el proyecto de ley permite al gobierno definir qué constituye información falsa o descontextualizada”.
Guillermo Valdés Castellanos, exdirector de la agencia de inteligencia nacional de México, señaló la semana pasada en las páginas del diario mexicano La Aurora la existencia de un doble rasero. Durante los últimos ocho años, denunció, los gobiernos de Morena se han “dedicado” a utilizar su programa matutino televisado “para mentir, ocultar información e inundarnos de noticias falsas”. No han hecho más que “estigmatizar, desacreditar, intimidar, dejar en situación de vulnerabilidad y sembrar el odio contra los medios de comunicación, los periodistas y los críticos”. Esta élite gobernante “destruyó” los organismos reguladores autónomos y “ahora quiere presentarse como defensora de nuestro derecho a estar bien informados. ¡Qué audacia!”.
Resulta dudoso que la Sra. Sheinbaum estuviera de acuerdo si la oposición estuviera en el poder y decidiera quién debe ser escuchado y quién debe ser silenciado. En 2021 tuiteó: “Una cosa es hacer público un debate y otra muy distinta elaborar listas con amenazas implícitas, algo propio del fascismo. En la 4T existe libertad de expresión”. Sin embargo, el miércoles, Luisa María Alcalde, asesora jurídica de la presidenta, publicó una lista de periodistas, comentaristas, políticos y medios de comunicación que, según el gobierno, incurren en una cobertura informativa politizada.
Quizás sea un milagro que, tras tantos años de Morena en la presidencia, aún queden vestigios de la libertad en México. ¿Por cuánto tiempo más? Es algo que nadie sabe.
