El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que será durante la tarde de este miércoles a las dos de la tarde, cuando Jorge Juan Torres López se presentará ante el juez magistrado B. Janice Ellington en Corpus Christi.
«Un ex gobernador de Coahuila, México, se presentará ante un tribunal federal para enfrentar cargos por su papel en un plan de lavado de dinero para enriquecerse a sí mismo y a otros mediante el soborno, la apropiación indebida y el robo de fondos públicos», anunció el fiscal estadounidense Ryan K Patrick.
A través de un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se detalla que Torres López está acusado de participar en un esquema de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que implican el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, el robo y la malversación de fondos públicos por parte o en beneficio de un funcionario público.
El documento refiere que también está acusado de fraude bancario y fraude electrónico.
Cabe mencionar que, conforme a la legislación norteamericana, si el ex gobernador interino del Estado de Coahuila, es declarado culpable de lavado de dinero enfrentaría hasta 20 años en una prisión federal y una posible multa de 500 mil dólares, el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados en la transacción o ambos.
Mientras que, de ser declarado culpable de los delitos de fraude bancario y el fraude electrónico, estos conllevan penas de prisión de 30 y 20 años, respectivamente, así como hasta un millón de dólares y 250 mil dólares en multas potenciales.
El Departamento de Justicia refiere que dicho caso está relacionado con un litigio civil anterior en el que las autoridades confiscaron dos cuentas bancarias extranjeras ubicadas en Bermudas. En el documento señala que Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández, su secretario de finanzas, supuestamente abrieron las cuentas para secretar dinero robado.
«Sun Secured Advantage y N.T. Butterfield y Son Limited tenían las cuentas que tenían más de $ 2 millones cada una. Como base para la confiscación, el gobierno sostuvo que los fondos estaban involucrados en una transacción de lavado de dinero, la propiedad constituía o se derivaba de los ingresos atribuibles a delitos que incluyen el soborno de un funcionario público o la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o para beneficio de un funcionario público», se lee en el documento.
Detalla que Torres López y Villarreal Hernández fueron los titulares de las cuentas y supuestamente transfirieron las finanzas robadas de Coahuila de México a una cuenta en Brownsville. Más tarde transfirieron el dinero a las cuentas de Bermudas, según documentos judiciales.
Establece que Villarreal Hernández, de 48 años, de Saltillo, Coahuila, México, ha sido condenado en los Distritos Sur y Oeste de Texas por delitos de lavado de dinero y está en espera de sentencia.
Los cargos alegan que el gobierno mexicano empleó a Torres López de 1994 a 2011. Sus funciones supuestamente incluyeron el trabajo como director general de Promoción y Desarrollo como secretario de Finanzas para el estado de Coahuila, presidente municipal de Saltillo y gobernador interino de Coahuila.
Aproximadamente en diciembre de 2005, Villarreal Hernández fue nombrado subsecretario de Programa y Presupuesto para el estado de Coahuila. En ese momento, Torres López era su supervisor. En julio de 2008, Villarreal Hernández fue designado para el cargo de secretario de Finanzas de Coahuila, donde permaneció hasta su renuncia en agosto de 2011, según documentos judiciales.
Durante su tiempo en el cargo, las autoridades mexicanas comenzaron a investigar a Villarreal Hernández. Mientras esto comenzaba, los funcionarios estadounidenses descubrieron evidencia de que en 2008 tanto Torres López como Villarreal-Hernández supuestamente abrieron cuentas en J.P.Morgan Chase Bank en Brownsville.
Los cargos alegan que usaron estas cuentas para mover dinero a cuentas en el extranjero en Bermudas. Los dos utilizaron fondos robados del gobierno federal mexicano y del estado de Coahuila.
Cabe mencionar que varias agencias están llevando a cabo la investigación de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado para el Control de Drogas, denominada Operación Político Junction, que incluye la Administración de Control de Drogas, IRS – Investigaciones de Seguridad Nacional, Investigaciones de Inmigración y Aduanas, FBI y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. Como parte de la investigación, los Estados Unidos solicitaron la asistencia del Fiscal General de la República de México a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua vigente entre los Estados Unidos y México. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia también brindó asistencia.
Los fiscales federales adjuntos Julie K. Hampton, Jon Muschenheim y Lance A. Watt están procesando el caso.
