La petición la hizo al promover una demanda de controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
A la FGR la señaló como autoridad responsable por solicitar la orden de captura, y al Juez por concederla en mayo pasado.
En su demanda, García Cabeza de Vaca señaló que fue el 29 de junio pasado, a través de «ciertas noticias», que se enteró que existe una orden de aprehensión en su contra y al mismo tiempo, agregó, conoció que el 20 de mayo anterior el Congreso de Tamaulipas promovió una controversia constitucional contra dicha orden.
Hasta ahora la Suprema Corte no ha hecho alguna determinación relativa a la solicitud del gobernador García Cabeza de Vaca.
Solo hizo requerimientos al mandatario tamaulipeco para que precise, «bajo protesta de decir verdad», la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión que pesa en su contra.
También le pidió aclarar si es o no su deseo señalar como autoridad demandada al Poder Judicial Federal, de quien depende el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México que refirió en la demanda.
«Se apercibe al promovente que, en caso de ser omiso en desahogar la presente prevención en los términos y plazos indicados, se proveerá lo que en derecho corresponda, con los elementos que obran en autos, así como los medios de control constitucional que el propio promovente refiere», aseguró la Suprema Corte en un acuerdo publicado este lunes.
La FGR investiga a García Cabeza de Vaca por diversos delitos, pero hasta ahora solo ha obtenido la orden de captura en su contra por defraudación fiscal.
Dicha orden de aprehensión fue librada en mayo pasado por Iván Aarón Zeferín, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México.
Y aunque el 30 de abril pasado la Cámara de Diputados desaforó a García Cabeza de Vaca, con base en esa orden de aprehensión, el Congreso de Tamaulipas decidió no aprobar la homologación de dicha declaratoria de procedencia (desafuero).
Esta situación desató ya una serie de acciones legales, tanto de la FGR, del Congreso de la Unión, del Congreso de Tamaulipas y del propio gobernador, quienes han acudido a la SCJN a defender sus propios intereses.
Por lo pronto, la ministra Norma Piña logró que la Primera Sala entre al estudio (analice y resuelva), si es o no procedente la decisión del Congreso de Tamaulipas de no homologar el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. En junio el ministro Juan Luis González había desechado esa posibilidad.
En tanto, en el propio tribunal constitucional hay otros recursos en trámite.
