Por el momento no se ha notificado de la presentación de abogados por parte de algunos de los acusados, lo cual hace inviable una presentación del caso cuando una de las partes aún no tiene representante legal.
Los litigantes contratados por el gobierno mexicano, Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, han estado bastante activos desde que el 21 de septiembre presentaron la demanda en la corte del condado de Dade, en la Florida, donde reside la mayoría de los acusados y se hallan establecidas las entidades demandadas.
Acevedo, Malone y Stewart han enviado decenas de misivas a cada alguacil del estado para que entreguen los citatorios a los implicados. «Se le ordena que entregue esta citación y una copia de la denuncia o petición en esta acción», se repite en cada documento.
También han enviado a los mismos acusados notificaciones Lis Pendens, que son avisos oficiales en los que se le indica que se ha presentado una demanda que involucra un reclamo sobre una propiedad.
«Usted es notificado que el demandante ha iniciado esta acción buscando establecer un interés con respecto a la propiedad que se describe a continuación.
La acción presenta reclamos por violación de la Ley de Remedios Civiles para Prácticas Criminales de Florida; violación de la Ley Uniforme de Transferencias Fraudulentas de Florida; conversión; y enriquecimiento injusto / confianza constructiva», se lee en la acción requerida.
Con esta demanda, el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pretende recuperar alrededor de 250 millones de dólares que, presuntamente, el ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón, «se robó» entre 2012 y 2018, tiempo durante el cual instauró empresas para lavar dinero en Barbados y Estados Unidos.
La nueva fecha de la demanda civil en contra de García Luna quedará muy cercana a la audiencia del acusado, programada para el 27 de octubre en una corte de Nueva York por el caso criminal que se le sigue en Estados Unidos.
