Un juez federal ha impedido que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. prohíba a los turistas extranjeros donar plasma a cambio de dinero en EE. UU., lo que podría reactivar una controvertida práctica de recolección de plasma en la zona fronteriza que sirvió como salvavidas económico para los donantes mexicanos.
El pasado lunes la Jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Tanya Chutkan se unio al CBP para que se permita a las personas que tienen visas B!/B» donar sangre en los Estados Unidos y recibir compensación. La orden abrió la puerta para los mexicanos con visa de turista poder donar sangre en las ciudades fronterizas de Estados Unidos
En su demanda de 2021, las empresas de recolección de plasma CSL Plasma Inc. y Grifols impugnaron la decisión de CBP el año pasado de convertir la donación de plasma en una actividad no autorizada para los titulares de visas B1/B2. CBP informó en la guía de junio de 2021 que tales donaciones constituyen una violación de los términos de su visa y cruzar la frontera para ese propósito expreso ya no se permitirá bajo ninguna circunstancia.
La decisión reconoce la importancia crítica de la necesidad de plasma en la fabricación de terapias que salvan la vida de cientos de miles de personas, dijo CSL en un comunicado publicado en línea. Estamos emocionados de dar la bienvenida a los donantes mexicanos a nuestros centros de recolección de plasma y apreciamos su contribución vital al suministro de plasma.
La compañía dijo que sus centros comenzarían a comunicarse pronto con donantes nacionales mexicanos para invitarlos a regresar a nuestros centros.
Cuando las restricciones fronterizas por la pandemia entraron en vigencia en marzo de 2020 y los turistas mexicanos ya no podían cruzar por los puertos de entrada terrestres, las empresas de recolección de plasma comenzaron a aumentar drásticamente la compensación por las donaciones de plasma. Tanto CSL como Grifols comenzaron a anunciar $800 a $1,000 por mes para la donación regular de plasma.
El juez federal ordenó a las empresas y a CBP que se reúnan y presenten un informe de estado conjunto sobre futuros procedimientos en el caso antes del 30 de septiembre.
