Piedras Negras, Coahuila. — En Piedras Negras existen dos casos de funcionarios: uno que acumula un adeudo importante por el servicio de agua y se niega a pagarlo —el ex panista refugiado en Morena Ricardo Muzquiz, actual regidor del ayuntamiento—; y otro que enfrenta un problema legal por pagos de pensiones y una acusación seria por un presunto delito de abuso sexual: el regidor independiente Juan Carlos “Abelito” Álvarez, quien además apoya al candidato independiente a la diputación local Masias Menera.
Hoy, a mitad de campaña por la diputación local del distrito II, ningún candidato ha tocado el tema ni ha propuesto crear una ley que establezca que los servidores públicos que violen la ley o usen sus puestos para protegerse y evadir responsabilidades sean castigados o separados del cargo.
Es incomprensible que a un ciudadano común se le corte el servicio de agua o se le obligue a un convenio de pago, mientras que a un funcionario público no se le corta el agua y, por el contrario, recibe privilegios.
En el caso de los deudores de pensiones, se exige el pago inmediato; en los acusados de abuso sexual, en menos de 24 horas —sea verdad o no— ya pueden ser presentados ante un juez que ordene su detención o la colocación de un brazalete electrónico.
Cabe recordar que, según ellos, estos dos funcionarios forman parte de la Cuarta Transformación.
Mientras tanto, hay casos como el de Mauro Ornelas, exfuncionario estatal, quien fue detenido por robo de propiedades.
